A través de las intervenciones en esta área, la Cooperación italiana busca cooperar con los Países de la región para promover la construcción de comunidades en las que las personas puedan vivir libres del miedo y la violencia, dentro de sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
Se presta especial atención a los menores, uno de los grupos más vulnerables en las sociedades centroamericanas: representan aproximadamente un tercio de las víctimas de homicidios y están expuestos al constante riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. Por ello, apuntamos a desarrollar capacidades a todos los niveles para prevenir la violencia y la criminalidad, mejorar el sistema de justicia juvenil y apoyar programas de reinserción social.
Para reducir este grado de vulnerabilidad, se considera necesario seguir invirtiendo en la prevención de la violencia en tres niveles complementarios: mejorar las condiciones de vida de aquellos jóvenes y menores que aún no están en riesgo (prevención primaria), de quienes viven en condiciones de riesgo (secundaria) o que ya han participado en actividades delictivas (terciaria).
Asimismo, se reconoce la relevancia del problema de la migración irregular como fenómeno de desintegración familiar y factor de riesgo social, además de ser una situación que expone a la población migrante a la violación de derechos humanos fundamentales, a la trata de personas y a las redes criminales transnacionales.
En este contexto, la visión de la Cooperación Italiana – alineada con los mecanismos internacionales de gobernanza y la Agenda 2030 – es la promoción de una migración regular, ordenada y segura, la creación de oportunidades en las comunidades de origen y el reconocimiento del vínculo entre el impacto migratorio y el desarrollo de dichas comunidades, apoyando la transformación de los flujos migratorios de fenómeno con impacto negativo para los territorios de origen y destino a factor de impacto positivo, recíproco e inclusivo.
En este marco, el compromiso de la Sede se concentra también en la promoción de la igualdad de género, que no solo es un derecho humano fundamental, sino también la base para la creación de una sociedad justa y próspera, en la cual dicha igualdad es imprescindible para un verdadero desarrollo sostenible.
Por lo tanto, las intervenciones se centran en la elaboración de políticas, el fortalecimiento de alianzas público-privadas para facilitar el acceso de las mujeres a productos y servicios financieros y a las MIPYMES; por otro lado, se apoyan procesos de formación en temas de atención y prevención de la violencia de género, emprendimiento y digitalización, también con el fin de acelerar la inclusión de las mujeres y aumentar su resiliencia, especialmente frente al cambio climático.