Partecipantes del proyecto PODER después de la presentación del diagnóstico. Credits: Educaid
El pasado 29 de septiembre de 2023, EducAid y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentaron los resultados de la investigación acción participativa realizada en el marco del proyecto AID 12590 "PODER: Programa para la inclusión laboral, la defensa del derecho a la educación y la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad", financiado por la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo y cuya entidad ejecutora es EducAid. La iniciativa, con una duración de 36 meses y un importe de 1.798.428,00 euros, se concentra en los Municipios de Santo Tomás y Santiago Texacuangos (San Salvador), Zaragoza y Colón (La Libertad), en El Salvador. El objetivo del proyecto es fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad para que puedan promover procesos de inclusión social y educativa dentro de sus comunidades.
Presentación del diagnóstico en lengua de señas. Credits: Educaid
El diagnóstico arroja luz sobre los primeros resultados obtenidos por el proyecto y llama la atención sobre las dificultades y barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en la vida cotidiana. Realizada entre noviembre de 2022 y agosto de 2023, la investigación se llevó a cabo sobre una muestra de 757 encuestados, la mayoría de ellos con discapacidades que afectan a la movilidad y la visión.
En cuanto al nivel de satisfacción con los servicios sanitarios, se constató que sólo el 54,8% estaba satisfecho, el 53,3% recibía asistencia médica y el 35% señalaba la inexistencia de rampas de acceso en las instalaciones hospitalarias. Las entrevistas revelaron que los centros de salud no están equipados para acoger a personas con discapacidad, a menudo no hay suficientes sillas en la sala de espera y los pacientes tienen que esperar su turno de pie, y los aseos no son accesibles para los usuarios de sillas de ruedas. Además, hay poca formación del personal sanitario para tratar casos de personas con discapacidad, lo que genera una actitud discriminatoria o indiferente hacia ellas.
El acceso a la educación formal muestra limitaciones para las personas con discapacidad, que tienen un nivel educativo inferior al de la población general. La mayoría de las personas entrevistadas no completan sus estudios por falta de recursos económicos y oportunidades. Las mujeres y las niñas tienen aún más dificultades para completar sus estudios debido a las tareas de cuidado de sus hermanos menores. En cuanto a los servicios en los centros educativos, las personas con discapacidad denuncian ser víctimas de discriminación y acoso escolar (58,9%), lo que frecuentemente conduce al desarrollo de baja autoestima, problemas psicológicos y abandono escolar. Presencia generalizada de infraestructuras inadecuadas en las escuelas (66,8%), como suelos irregulares y escaleras.
Presentación del diagnóstico en el Municipio de Santo Tomás. Credits: Educaid
En cuanto a la situación laboral, el 25,1% declara que no trabaja ni busca empleo porque está desanimado; sólo el 10,7% declara que tiene un empleo. Las principales barreras para acceder al mercado laboral están relacionadas con la movilidad (70,3%). Algunos entrevistados señalaron que no encuentran apoyo cuando quieren abrir un pequeño negocio, ni de la comunidad ni de los bancos o instituciones de crédito que prefieren destinar recursos a otros sectores.
La principal consecuencia de esta situación es que el 85,4% no dispone de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas como comer, vestirse, tener una vivienda digna y poder pagar la asistencia sanitaria y los medicamentos. Otro dato especialmente relevante es el alto porcentaje de violencia, sobre todo psicológica (55,1%) o física (37,8%), que sufren las personas con discapacidad. Las personas entrevistadas señalan que miembros de su familia o comunidad tienen una actitud discriminatoria hacia ellas, que las menosprecia y limita su autonomía.
Por último, las personas con discapacidad suelen estar invisibilizadas, por lo que no se las tiene en cuenta a la hora de participar en actividades comunitarias. De hecho, casi el 78% afirma que no participa en actividades artísticas y culturales porque éstas no están diseñadas para garantizar el acceso de las personas con discapacidad.
El estudio pone de manifiesto, por tanto, las importantes dificultades para acceder a los servicios sanitarios, educativos, laborales y culturales, además de mostrar la elevada y generalizada violencia que sufren las personas con discapacidad. De esta investigación inicial se derivan las siguientes recomendaciones, que se espera puedan ampliarse a mayor escala en todo el país:
- Elaborar un registro nacional de personas con discapacidad
- Aumentar el personal médico con conocimientos específicos en el campo de la discapacidad
- Adaptar las infraestructuras de los centros sanitarios y educativos
- Promover una política de transporte inclusiva en los municipios
- Establecer cuotas para el empleo de al menos un 5% de personas con discapacidad en las empresas.
El proyecto PODER tiene su página Facebook, síguela para recibir actualizaciones sobre las actividades y los resultados del proyecto.